SIN PROTOCOLO
Por Joel Saucedo
14 de enero de 2014
Osorio Chong y Murillo se juegan el 2018 en Michoacán
Tuvieron que pasar 13 meses para que el gobierno de Enrique Peña Nieto
se decidiera a tomar el control de la seguridad en Tierra Caliente, Michoacán,
donde los llamados grupos de autodefensa se expandieron ante la indiferencia de
las autoridades locales.
El
gabinete en pleno de seguridad nacional se trasladó a la zona, y anunció que
asumía el control para restablecer el orden y el desarrollo en las comunidades
afectadas por la violencia y el predominio del crimen organizado.
Además, el anuncio de que el Ejército y la Policía Federal desarmaría a
los grupos de autodefensa, provocó un enfrentamiento inicial de los primeros
con los segundos cuyo saldo extraoficial fue de cuatro muertos.
En
declaraciones realizadas durante una gira al estado de Veracruz, el secretario
de Gobernación, Miguel Osorio Chong aseguró que se trataba de solo dos decesos,
uno de ellos a causa del disparo de un soldado.
Sin
embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió un comunicado
en donde informó del inicio de una investigación sobre la muerte de cuatro
personas, entre ellos un niño de 11 años en la comunidad de Antúnez, municipio
de Parácuaro.
La
tarde-noche de este martes 14 de enero, el gobernador de la entidad, Fausto
Vallejo se trasladó a Apatzingán –centro de operaciones de Los Caballeros
Templarios-, donde se reunió con líderes de las autodefensas.
Del
encuentro, se informó que los elementos pertenecientes a las autodefensas,
estarían inicialmente de acuerdo en pasar a formar parte de las filas de las
policías locales.
Sin
embargo, el principal dirigente José Manuel Mireles, causó confusión entre la
población, pues durante la noche del lunes 13 de enero anunció a través de las
pantallas de Televisa que entregarían las armas, como acordaron con el
secretario de Gobernación.
Pero más tarde cambió la versión aparentemente ante un grupo de
reporteros, en donde se auto desmintió, pues rechazó que en estos momentos las
autodefensas se fueran a disolver, toda vez que estarían a merced del grupo
criminal que domina la zona.
A
raíz del accidente de Mireles en la avioneta que lo trasladó de Guadalajara a
Michoacán, empezaron a correr diversas versiones en torno a la procedencia del
financiamiento de los citados grupos que combaten a la delincuencia organizada.
Una
de las versiones, apuntaban a que estaban recibiendo recursos del gobierno
federal para adquirir armas, vehículos y demás implementos que les permitieran
operar dicha estrategia.
Resulta que se trata de hombres perfectamente bien armados, con chalecos
antibalas y municiones que no se puede adquirir si no es con permiso de la
Secretaría de la Defensa Nacional. Estas son algunas de las interrogantes que
se hace el ciudadano común y corriente:
¿De dónde obtienen los recursos para financiar una
campaña que requiere de cuantiosas cantidades? ¿Quién les vende o hace llegar
las armas de grueso calibre, que solo se le habían visto a los
narcotraficantes?
¿De dónde sacan los recursos para adquirir camionetas
último modelo y de doble cabina, típicas de quienes se dedican al tráfico de
drogas, no solo en esa entidad, sino en muchas otras más del país?
¿Quién o quiénes financian a estos grupos que han
dejado sus empleos para dedicarse a la vigilancia de sus comunidades, y lo que es
más riesgoso, a la caza y captura de los integrantes del crimen organizado?
¿Qué pasó con sus empleos o sus tierras para cosechar
y que dicen defender? ¿Quién les da dinero para el sustento de su alimentación,
el pago de la luz, el teléfono o la educación de sus hijos?
En las imágenes de televisión, los grupos de
autodefensa se muestran muy familiarizados con el uso de ese tipo de armas y la
estrategia de transitar en convoy como si se tratara de vehículos del Ejército
o de la Policía Federal.
Como se observa, son muchas las interrogantes que se
deben despejar, sobre todo en un momento en que la situación ha llegado al
grado en que los poderes estatales constitucionalmente establecidos parecen no
existir.
Es mucho trabajo el que tienen que hacer los hombres
fuertes de Peña Nieto, especialmente el secretario de Gobernación, Miguel
Osorio Chong y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Y es que no es para menos, después del grupo del
Estado de México, el de Hidalgo, ha cobrado notoriedad con estos dos personajes
pero que en Michoacán se están jugando el todo por el todo rumbo al 2018.
Twitter: @JoelSaucedo
http://jsaucedos.blogspot.com
saucedosj@yahoo.com.mx
